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La secretaría de seguridad sigue en el ojo de la tormenta ahora sería por “espionaje”

En el marco de la causa del pago del doble seguro a móviles policiales, según indicaron fuentes judiciales y de la fuerza de seguridad federal consultadas, intervendrá de oficio el juez Federal de la provincia, Miguel Angel Contreras.

La tempestad en la cartera de seguridad de la provincia parece no tener fin. Luego de que el martes pasado, tal como lo anunciara este diario, la comisario Nilda Leguizamón -quien denunció el supuesto pago de doble seguro a móviles policiales- se presentara en Casa de Gobierno para pedir una audiencia con la Gobernadora, personal de la Secretaría de Seguridad habría realizado trabajos de “espionaje” a los colegas de la funcionaria policial que se habían autoconvocado en la plaza para brindarle su apoyo.

Durante toda la jornada del miércoles, a través de la red social WhatsApp, circularon fotografías de personal de civil, a quienes se identificó con nombre y apellido, quienes estaban realizando trabajo de espionaje en las afueras de la Casa de Gobierno, tras el comunicado, enviando por la misma red social, de “la familia policial” de autoconvocarse y pedir que se separe del cargo a los presuntos corruptos, que están al frente de la fuerza de Seguridad de la provincia.

Las imágenes que se distribuyeron como regadero de pólvora habían llegado a través de publicaciones en medios, a la Justicia Federal, con asiento en esta ciudad Capital, desde donde se habría resuelto “actuar de oficio”, ante la posible comisión de un delito federal.

Fuera de la ley

Según explicaron las fuentes federales consultadas, el accionar que habría llevado a cabo el personal que se desempeña en la Secretaría de Seguridad Democrática -algunos de ellos en el departamento de Delitos Complejos, por ejemplo- estaría violando la Ley de Seguridad Nacional, en su Título II “Protección de los Derechos y Garantías de los Habitantes de la Nación” en sus artículos 3, 4 y 5 respetivamente. En los que -en acotada síntesis- se sostiene que ningún organismo de inteligencia del país podrá -salvo la existencia de una orden judicial- obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre las personas que se manifiesten públicamente.

Según explicó uno de los policías que concurrió a apoyar a Leguizamón, cuando se encontraban en la plaza, se acercó un comisario de la Secretaría, al que identificaron con el apellido Grima, quien sería jefe de Delitos Complejos, que le preguntó en tono desafiante quiénes eran de los presentes policías en actividad y quiénes estaban retirados.

Luego observaron que otros efectivos de Civil, le tomaron fotografías y otros solo observaban con quiénes conversaban y quiénes se acercaban a donde ellos se encontraban.

“Estuvimos observados en todo momento. Parecíamos delincuentes. Nosotros solo fuimos a acompañar a una compañera. Y no denunciamos el hecho porque no pareció una “payasada” de la Secretaría pero que la Justicia intervenga de oficio nos parece muy bien. Si a nosotros, que somos sus colegas nos persiguen y espían de esta forma, qué se puede dejar para un ciudadano común”, expresó, molesto, uno de los policías que el martes acompañó a Leguizamón en la plaza.

Si bien la presencia de colegas de la denunciante fue mínima, estos indicaron que la causa sería cierta   coerción  en el personal, por parte de funcionarios policiales, que se desempeñan en la cartera de Seguridad, para que no asistieran.

“Nos estaban espiando. Controlando quiénes iban y quiénes no. Hicieron un trabajo de espionaje que todos advertimos. Y demostramos nuestra verdadera formación como policías, ya que los descubrimos”, expresaba parte del mensaje viralizado por la red WhatsApp.

Otro párrafo de este mensaje, que iba acompañado por fotografías, se refería al pago de zona y vivienda a un suboficial, quien se desempeña en el destacamento de Quilino, departamento La Paz, a quien  captaron cuando caminaba en la plaza principal, junto a un funcionario policial, observando quién eran el personal  en actividad que se había acercado a dar su apoyo a Leguizamón. Junto a la fotografía del policía en cuestión, adjuntaron también una imagen   del destacamento donde cumple servicio “sin concurrir” -según los denunciantes- en un estado deplorable y con las puertas cerradas.

De acuerdo a la denuncia mediática, estos policías acusan que por “acomodo”, policías como el de la foto, cobran vivienda y zona sin ni siquiera concurrir a su lugar de trabajo y, más grave aún, que un destacamento policial esté con sus puertas cerradas.

Fuente: La unión.com                      COMPARTIR ESTA NOTA – PRODUCCIÓN  WhatsApp – SMS    3834-351218