OMAR SORIA Y MARCOS DENETT LOS SOCIOS DE LA RUTA

El intendente de Huillapima y el Secretario de Seguridad la quieren toda

El intendente de Huillapima Omar Soria, podrá tener todas las urgencias económicas imaginables en tiempos de vacas flacas, pero eso no lo habilita a cobrar multas de tránsito sobre una ruta nacional, la Nº 38, y menos a retener los vehículos de los particulares hasta que paguen algo que no deben. Es peor aún: si están dispuestos a pagar, los conductores deben trasladarse 26 kilómetros por sus medios hasta la oficina de la Dirección de Tránsito de esa comuna, y regresar luego del mismo modo a la ruta para recuperar el vehículo con la boleta de pago sellada en mano.

Un matonismo que lo caracteriza y ejerce, desde hace un tiempo para quien no hay autoridad superior, ni el Poder Ejecutivo ni la mismísima Justicia, a la que deba obedecer. En este caso puntual, el municipio capayense que comanda Soria, se escuda en un convenio que suscribió con Seguridad Vial de la Provincia, que depende de la Secretaría de Seguridad que conduce Marcos Denettpara llevar a cabo estas barbaridades sobre una ruta nacional solo por el hecho de que atraviesa su jurisdicción. Pero no es únicamente el aval del convenio, sino que cuenta con la fuerza de seguridad a disposición para dar rienda suelta a su afán recaudatorio. Es decir, si alguien se niega a recibir la multa, debe vérselas con la Policía. Así opera esta aberración municipal.

De hecho, es gracias a la presencia de los uniformados de la Provincia que el intendente capayense puede permitirse este capricho, porque de lo contrario no pasaría de ser una locura más. O las pretendidas multas que intenta cobrar el municipio de Recreo en la localidad de Casa de Piedra, sobre la ruta nacional Nº 60, donde a un costado se observa a menudo un vehículo utilitario con la compuerta trasera abierta y adentro un empleado con un radar de control de velocidad.

El abuso de autoridad es, de hecho, una tentación muy extendida en esta clase de gobernantes. Y fue precisamente por la participación de la Secretaría de Seguridad en los operativos sobre la ruta 38 que el jefe de Vialidad Nacional, Marcelo Patria, le remitió la nota a Denett advirtiéndole las irregularidades que se están cometiendo invocando el cumplimiento de normas viales, cuando en realidad están violando la Ley Nacional de Tránsito.

Entre ellas, que el puesto de control caminero, cuya jurisdicción corresponde a VN y no al municipio de Huillapima ni tampoco a la Provincia, no puede funcionar como un “depósito de vehículos” por cuanto “obstaculizan el normal tránsito”, aparte de que sus retenciones se “prolongan más allá” del tiempo previsto por la ley y por motivos “no autorizados”. Y le manifestó su extrañeza por no haber comunicado a VN el convenio entre Huillapima y Seguridad Vial, ni tampoco los operativos que se realizan en su nombre.   

Frente a esto, la respuesta de la comuna que fue casi desafiante. Un concejal de la alianza FCS-Cambiemos dijo que plantearán al director de Tránsito que traslade su oficina de cobro de multas al mismo puesto caminero, para que los infractores no deban recorrer por sus medios los más de 50 kilómetros de distancia de ida y vuelta que tienen desde la ruta al municipio.

No solo eso. También adelantó que podrían modificar la ordenanza de tránsito porque se percataron de que las multas están “desactualizadas” por cuanto se rigen por el valor del combustible de 2012, lo cual constituye una nadería respecto a lo que cuesta hoy un litro de nafta. Realmente conmovedora la comprensión del legislador.

Por el lado del secretario Denett solo hubo silencio. Ni en su tribuna de Facebook escribió algo al respecto. Lo cierto es que el intendente de huillapima y su troupe de funcionarios y concejales no podrían avasallar tan impunemente a los ciudadanos que conducen por la ruta si no fuera por la complicidad formal de la Secretaría de Seguridad. De modo que si el mismo Gobierno provincial, al que representa Denett, avala estas prácticas, los afectados por esta situación no tienen más alternativa que recurrir a la Justicia. A este atropello institucional se ha llegado. 

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